Walter Oscar Ramírez y Marilina Verónica Díaz recibieron tres años de prisión de ejecución condicional por defraudar a una jubilada de 83 años. También deberán cumplir reglas de conducta y ya abonaron $45 millones en concepto de reparación económica.

La Justicia de Rosario condenó a Walter Oscar Ramírez, de 53 años, y a Marilina Verónica Díaz, de 48, por una maniobra de estafa contra una mujer de 83 años. El hombre condenado es padre de Nicolás Ramírez, presidente del Concejo Municipal de Villa Gobernador Gálvez.
La sentencia fue dictada el 17 de noviembre por el juez Facundo Rodrigo Becerra, en el marco de un procedimiento abreviado acordado entre la fiscal Cecilia Mónica Brindisi y la defensa. Ambos reconocieron su responsabilidad como coautores de los delitos de estafa, suscripción engañosa de documentos y defraudación por administración fraudulenta.
Según la investigación, la pareja aprovechó el vínculo de confianza que había construido con la víctima desde 2023 para obtener el control de sus bienes y alejarla de su entorno familiar. Entre otras maniobras, lograron que transfiriera su automóvil Renault Sandero a un tercero y que firmara un poder general de administración y disposición de sus bienes, sin informarle sus alcances.
La acusación también detalló que los condenados administraron los ingresos de la jubilada, utilizaron sus tarjetas bancarias y gestionaron préstamos a su nombre. Entre enero de 2024 y agosto de 2026, la mujer recibió ingresos por más de $60,9 millones, pero al cierre de ese período su caja de ahorro tenía apenas $1.578. Además, se registraron préstamos por $5.410.000 y transferencias de dinero a terceros.
Como parte de la condena, Ramírez y Díaz deberán cumplir durante tres años distintas reglas de conducta: fijar residencia, presentarse mensualmente ante la Agencia de Medidas No Privativas de la Libertad, no cometer nuevos delitos y mantener una distancia mínima de 200 metros respecto de la víctima y sus familiares, además de no establecer contacto con ellos.
También se homologó el acuerdo de reparación económica por $45 millones a favor de la mujer, suma que ya había sido depositada. La pena es de ejecución condicional, por lo que no implica el cumplimiento efectivo de prisión mientras respeten las condiciones impuestas por la Justicia.
Fuente: RTS Medios