La investigación alcanza a unas 120 personas que entregaron dinero o vehículos para acceder a autos cero kilómetro que nunca recibieron. La Fiscalía busca imputar a Juan Gabriel Alegre, Eduardo Atilio Scarcelo y Noelia Inés Scarcelo.
La audiencia imputativa por una causa de presuntas estafas comenzó este jueves por la mañana con dos personas previstas para ser imputadas: Juan Gabriel Alegre y Eduardo Atilio Scarcelo. Sin embargo, la presentación de Noelia Inés Scarcelo, quien era buscada por la Justicia, modificó el desarrollo de la jornada y abrió la posibilidad de imputar a los tres en una misma audiencia.
Noelia Scarcelo llegó al lugar acompañada por su defensa y se sentó en el banquillo de los acusados. Ante esta situación, la Fiscalía planteó una objeción, ya que la mujer no estaba incluida administrativamente en la audiencia y era requerida por la Justicia. Luego se dispuso un cuarto intermedio mientras se organizaba la continuidad del procedimiento.
La investigación reúne hasta el momento alrededor de 120 personas damnificadas, que habrían entregado dinero o dejado sus vehículos como parte de operaciones para adquirir automóviles cero kilómetro que nunca fueron entregados. La Fiscalía también solicitó la prisión preventiva de los imputados, una medida que deberá ser evaluada en el marco del proceso judicial.
En cuanto a las posiciones de las defensas, los abogados sostienen que no existió una planificación previa para cometer una estafa y atribuyen las dificultades de la empresa a las consecuencias de la pandemia y la crisis económica. En el caso de Eduardo Scarcelo, su abogado, Carlos Varela, planteó la situación de insolvencia de la firma, que se encontraba en concurso preventivo, como parte de los argumentos para explicar la imposibilidad de afrontar las deudas.
Por su parte, las defensas de Noelia Scarcelo y Juan Gabriel Alegre apuntaron contra Eduardo Scarcelo y señalaron una presunta situación de ludopatía como posible explicación de la pérdida del dinero. Esa postura forma parte de los argumentos presentados por los abogados y deberá ser evaluada durante el proceso judicial.
De acuerdo con lo expuesto durante la audiencia, el monto involucrado rondaría los 500.000 dólares y los 700 millones de pesos. A esas cifras todavía resta sumar el valor de los vehículos que no fueron entregados. La investigación busca establecer las responsabilidades de los involucrados y determinar el alcance total del perjuicio denunciado.
Fuente: RTS Medios