Las infancias tienen voz, pero muchas veces no se las tiene en cuenta. Los adultos suelen ser los principales protagonistas de la vulneración de los derechos de los niños. Sobre esta problemática, el defensor de niñas, niños y adolescentes de Santa Fe, conversó con RTS Medios.
Valeria Elías
RTS Medios
La defensoría de niños, niñas y adolescentes (NNyA) de Santa Fe se constituyó en 2012, en el ámbito de la Defensoría del Pueblo, con funciones establecidas por la Ley Provincial de Promoción y Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes N° 12.967 (arts. 38 a 45) Sancionada en 2009. Es una de las primeras Defensorías específicas del país.
Atienden consultas sobre situaciones de vulneraciones de derechos, hasta los 18 años de edad, que pueden llevar de forma particular o de institución a las que se les da un seguimiento. Sobre estos casos analizan los contextos para determinar qué funciona y qué se puede mejorar de las políticas públicas involucradas.
Este organismo trabaja con equipos interdisciplinarios que reciben reclamos, inquietudes y pedidos de asesoramiento que llegan a través de presentaciones individuales o de instituciones que conforman el Sistema de Protección Integral (escuelas, centros de salud, organizaciones sociales, instituciones de acogimiento, entre otras). Las presentaciones son gratuitas, tienen resguardo de identidad y pueden realizarse personalmente, por teléfono, por mail o a través de la web y las redes sociales.
La defensoría proporciona asesoramiento y recibe reclamos por parte de la población en general, en relación a las diferentes problemáticas que pueden estar vulnerando derechos de NNyA: acceso a la salud, a la educación; acceso a cuidados de calidad; también se asesora en relación a medidas de protección excepcional; también se asesora a instituciones (organizaciones sociales, escuelas, organismos de salud, o cualquier institución que se vincule con infancias y adolescencias) que forman parte del sistema de protección de derechos.
Juan Cruz Gimenez, Defensor de Niñas, Niños y Adolescentes de la provincia de Santa Fe brindó un panorama, por RTS Medios, sobre los derechos de los menores y la importancia que tiene prestar atención a sus pensamientos, emociones y sentimientos, en los casos que implican su vida privada.
Sobre la importancia de escuchar lo que piensa y siente un niño, el defensor santafesino sostuvo que “esta actitud es clave, sobre todo en un caso judicial. La Convención de los derechos del Niño con rango constitucional, la ley nacional y la ley provincial establecen todos los derechos de niñas y niños, dentro de los cuales se encuentra el derecho a opinar y ser oído, que implica que sus opiniones sean consideradas en cualquier decisión que los involucre. En todo caso, lo que tenemos que revisar es cómo los organismos estatales, de todos los niveles y todos los poderes, hagan efectivo este derecho”.
“Los juzgados tienen la obligación de escuchar la opinión de niñas, niños y adolescentes y analizar junto con la información surgida en la investigación, una medida de protección y la restitución de sus derechos acorde al principio del interés superior. Para ello, también, la escucha de los niños, niñas y adolescentes debe utilizar metodologías y mecanismos especializados que les permita expresar su opinión y sea tomada en cuenta. El acceso a la justicia para niñas, niños y adolescentes no es solo un derecho humano específico, sino también una forma crucial de defender todos los demás derechos que deben garantizarse, desde el acceso a la atención médica y la educación hasta la protección contra la violencia”, explicó.
“Partimos de considerar que la responsabilidad– expresó respecto a los supervisores de la protección y cuidados de los menores– no recae únicamente en las familias, sino que la articulación entre el Estado, las familias y la comunidad es la que permite el acceso integral a derechos de niñas, niños y adolescentes. Tenemos que entender que los Sistemas de Cuidados son esenciales porque garantizan que los derechos de los niños, niñas y adolescentes no solo sean una declaración formal, sino una realidad. Este sistema está conformado por leyes, políticas, instituciones, programas y debe garantizar, promover y restituir los derechos de niñas, niños y adolescentes. Funcionan como una red de seguridad y cuidado que excede el ámbito familiar, haciendo que el Estado, la comunidad y las instituciones asuman su corresponsabilidad”.
Leyes y responsabilidad social
En la entrevista también se presentaron preguntas en tanto al ámbito legal y la legislación existente para el cuidado y seguridad de los niños.
En este sentido, el especialista profundizó: “Desde 2009 la provincia de Santa Fe adhirió a la Ley Nacional 26.061 mediante la Ley Provincial 12.967, que tiene por objetivo garantizar, promover y proteger de manera integral todos los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Junto con la Convención sobre los Derechos del Niño estas legislaciones completan un marco normativo que establece un cambio de paradigma para garantizar la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, priorizando siempre lo que definimos como su «interés superior» y su derecho a ser oídos. Por otra parte, la Ley Nacional 27.709 (conocida públicamente como la Ley Lucio), fue sancionada en abril de 2023 y lo que establece es la capacitación obligatoria para trabajadoras y trabajadores del Estado vinculados a la niñez, con el propósito de identificar de manera efectiva situaciones de maltrato y abuso y fortalecer el enfoque de derechos de infancia y adolescencia. Hasta ahora, el Estado provincial ha sido el encargado de diseñar su aplicación a través de un programa de capacitación y fortalecimiento en derechos de niñas, niños y adolescentes para todo su personal”.
“Es preciso comprender –aclaró luego– que la sanción de leyes es fundamental pero no suficiente para que el acceso a derechos sea una realidad. Se requiere inversión sostenida, articulación entre niveles, áreas y poderes del Estado, formación continua, entre muchas condiciones necesarias para efectivizar derechos”.
Para culminar, respondió sobre qué acciones sociales, institucionales y culturales debemos tomar a partir de los hechos que se vienen sucediendo en relación al maltrato hacia niñas y niños y a esto respondió: “Tomando nota de la casuística de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de Santa Fe correspondiente al año 2025 detectamos que las vulneraciones al derecho a la integridad ascendieron con respecto al año 2024 de 27,4 a 39,3. El maltrato hacia niñas y niños es algo que lamentablemente está no sólo extendido sino naturalizado.
Según datos de UNICEF Argentina, el 46,4% de los padres y madres reconoce usar la violencia física en la crianza de sus hijos, aunque la mayoría admite que no está bien utilizarla. Como Estado tenemos la responsabilidad de fortalecer la promoción de entornos protectores y libres de maltrato para los chicos y las chicas”.
Fuente: RTS Noticias