La medida del gobierno de Javier Milei impacta directamente en miles de familias santafesinas que buscaban acceder a la casa propia. María Soledad Morán, una de las damnificadas, narra las consecuencias de la decisión.
La disolución de los créditos Procrear por parte del gobierno de Javier Milei ha generado gran incertidumbre y preocupación entre las familias que habían sido beneficiadas con los últimos sorteos y se encontraban en plena etapa de construcción de sus hogares. María Soledad Morán, una de las damnificadas, dialogó con RTS Noticias y compartió el impacto de esta decisión que pone en jaque la posibilidad de acceder a la casa propia para miles de argentinos en la provincia de Santa Fe y en el resto del país.
Morán explicó que, desde el año pasado, los afectados por el último sorteo de Procrear se organizaron en grupos a nivel provincial y nacional para compartir información y buscar soluciones ante la falta de avance en sus proyectos. Según su testimonio, la resolución que disuelve los créditos no solo elimina el programa, sino que además otorga al Banco Hipotecario la potestad de continuar cobrando las cuotas, aun cuando el desembolso prometido no se completó.
Los beneficiarios del último sorteo, realizado en 2023, recibieron un correo electrónico en el que se les consultaba si deseaban participar. Tras una respuesta afirmativa, fueron sorteados y en octubre se solicitó la presentación de numerosa documentación y requisitos “muy rigurosos”. Posteriormente, con mínimos requisitos, se les otorgó el crédito y se les depositó una primera entrega de dinero en una o dos tarjetas para la compra de materiales, justo antes de las elecciones nacionales.
Sin embargo, el monto de esa primera entrega, que rondaba los 3.120.000 pesos, se vio drásticamente reducido por la devaluación post-electoral. “Fueron después de las elecciones y a diario cambiaban los precios. O sea que esos 3 millones, si uno se pone a analizar, quedaron alrededor de 1,5 millones con la devaluación. Fue terrible”, relató Morán. Esta situación obligó a muchas familias a recurrir a préstamos familiares, venta de vehículos o créditos adicionales para poder cumplir con la primera etapa de construcción, que consistía en llegar hasta el encadenado de la obra.
Una vez alcanzado este punto, los beneficiarios debían enviar fotografías de avance a una plataforma para que se analizara la situación y se liberaran las siguientes etapas del desembolso. No obstante, según la entrevistada, la plataforma no fue habilitada a tiempo y, una vez activa, el mensaje de respuesta no fue claro. Ante la falta de novedades y el paso del tiempo, los afectados comenzaron a llamar y enviar correos, obteniendo siempre la misma respuesta, lo que los impulsó a organizarse en grupo para realizar un reclamo masivo y exigir una solución.
Fuente: RTS Medios