La vicegobernadora encabezó el derribo de un inmueble relacionado a hechos de violencia en barrio Saladillo de Rosario, donde destacó que “hoy Rosario es otra ciudad, pero todavía tenemos que seguir profundizando y trabajando” en las acciones contra el delito.
El Gobierno de Santa Fe avanza en fortalecer la seguridad y prevenir episodios de violencia. En este marco, este viernes se realizó el derribo de un inmueble relacionado con hechos violentos en la zona sur de la ciudad de Rosario.
La intervención tuvo lugar en calle Fonseca al 5600, encabezada por la vicegobernadora Gisela Scaglia y el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, acompañados del secretario de Control y Convivencia de la Municipalidad, Diego Herrera, quienes supervisaron las tareas realizadas con personal y maquinaria del municipio.
Al respecto, Scaglia resaltó que “estamos recobrando niveles de seguridad y paz en la provincia de Santa Fe, pero todavía queda mucho por hacer y seguimos tratando el tema con mucha responsabilidad. Esta es una pata fundamental del Gobierno, pero seguimos afianzando el método en materia de seguridad, nuestra política de seguridad, y demostrándole a la gente que esto es de largo plazo. Tenemos que ir recobrando todos los días un poco más la paz que necesitamos para vivir”.
En ese sentido, la vicegobernadora valoró: “Hoy Rosario es otra ciudad, se siente como otra ciudad, pero todavía tenemos que seguir profundizando y trabajando. Y esto es parte de lo que hay que hacer”, dijo Scaglia. La vicegobernadora agregó que “cuando en un barrio te dicen que hay un lugar que genera disturbios, la política provincial, la Policía de Santa Fe, el Ministerio de Seguridad, tienen que actuar, y la Ley de Microtráfico nos permite hacer esto, y lo estamos haciendo. La provincia de Santa Fe ha tomado determinaciones muy contundentes que para nosotros son centrales en lo que nos corresponde y es nuestra responsabilidad”.
“Territorio que se recupera”
Cococcioni contó que el inmueble derribado en Rosario “es municipal, por lo cual no hizo falta ni siquiera la autorización judicial, porque el Gobierno tiene la potestad administrativa de inactivarlo y de disponer del lugar. Acá funcionaba una Vecinal, dejó de ser utilizado y ya luego de la época de pandemia apropiado, y en este marco se desarrollaron varias actividades ilegales, foco de molestia y de delito para todo el barrio. Hace poco más de dos semanas en este mismo lugar hubo un homicidio”.
El ministro detalló también que “en estos 20 meses de la Ley de Microtráfico tenemos 70 inactivaciones de puntos de ventas de estupefacientes, de las cuales 50 fueron en Rosario. Luego empezamos también en Santa Fe, en la zona de Frontera (departamento Castellanos), en otras localidades del sur provincial, y esto es algo que lleva tranquilidad a los vecinos”. “Son lugares donde directamente el Estado parecía que no podía entrar, donde mandaban los narcotraficantes, y es territorio que se recupera, donde los vecinos ya no tienen que pedir permiso para hacer su vida pacífica y libremente. Esto es algo que vamos a continuar en conjunto con otras acciones”, finalizó.
Por su parte, Diego Herrera detalló también que el inmueble de barrio Saladillo “en una época tenía una función social, luego hace muchos años dejó de serlo y estaba siendo un lugar muy inseguro para los vecinos, teníamos muchas quejas, muchos reclamos en el Distrito por la situación. La idea es no solamente derribarlo, sino después hacer una intervención y mejorar el espacio”.
Ley de Microtráfico
El Gobierno de Santa Fe cuenta con la herramienta de la Ley de Microtráfico, sancionada por la Legislatura a fines de 2023 y promulgada por el gobernador Maximiliano Pullaro. Contempla la inactivación de puestos de venta de estupefacientes y de inmuebles asociados a la circulación de violencia altamente lesiva. Desde entonces, el Ministerio de Justicia y Seguridad lleva cerca de 70 lugares intervenidos en toda la provincia.
Este tipo de dispositivos se desarrollan desde principios de 2024, en un trabajo coordinado entre el Gobierno de Santa Fe, el Ministerio Público de la Acusación, la Justicia provincial, la Policía provincial y la colaboración de los gobiernos locales.
Fuente: Noticias Argentinas