Gabriela Ortolochipi, de UENDISFE, destacó las dificultades que atraviesan las organizaciones que brindan servicios a personas con discapacidad.
El diputado nacional Daniel Arroyo presentó un proyecto de ley de emergencia en discapacidad que busca abordar diversas problemáticas que afectan a las personas con discapacidad y sus entornos. En diálogo con RTS Noticias, Gabriela Ortolochipi, representante de UENDISFE, expresó su preocupación por la situación que atraviesan las instituciones de la provincia, destacando especialmente el impacto de las auditorías a las pensiones por invalidez.
“Las citaciones para las auditorías a las pensiones se están haciendo con muy poco tiempo de antelación y se les exige una documentación que los beneficiarios no pueden obtener fácilmente”, explicó Ortolochipi. En su mayoría, los beneficiarios no cuentan con cobertura de obra social, lo que complica aún más el acceso a los turnos médicos y traslados.
Otro de los puntos centrales de la discusión es el atraso en los aranceles que las organizaciones pueden cobrar a las obras sociales y programas de salud. “Las organizaciones están enfrentando un atraso del 65% en los valores que el Estado autoriza a facturar”, indicó Ortolochipi, quien remarcó que esta situación compromete tanto a las personas con discapacidad que dependen de los servicios como a los trabajadores de las instituciones.
El proyecto de ley de emergencia busca regular varias cuestiones, entre ellas la actualización de los aranceles y la implementación de un aumento mensual vinculado al costo de vida. Ortolochipi destacó que esto permitiría mejorar la situación de las organizaciones, que enfrentan demoras de hasta 60 días para el pago de los servicios prestados.
“El impacto no solo es para las personas con discapacidad, sino también para los trabajadores que dependen de las instituciones”, concluyó Ortolochipi, quien subrayó la urgencia de la ley para evitar el cierre de servicios esenciales.
Fuente: RTS Medios