Promoción de alimentos y seguridad alimentaria, ¿quién regula en Argentina?

El Estado nacional no puede desligarse de la responsabilidad de las cuestiones esenciales y vitales de la vida humana de cada habitante de su tierra. El derecho alimentario es un derecho humano y este está reglamentado por la Constitución y las leyes que le siguen dentro de los códigos y tratados. 

Es su obligación promover una alimentación saludable, accesible y segura. Dentro de esto establece la creación de organismos que regulan y aseguran que esto se cumpla. Pero, ¿cómo funciona este sistema? 

Para entender esta organización la Dra. María Eugenia Marichal, docente UNL e investigadora CONICET, en diálogo con RTS Medios, introdujo sobre el tema de promoción alimentaria y regulación de seguridad alimentaria.

Para entender esta organización la Dra. María Eugenia Marichal, docente UNL e investigadora CONICET, en diálogo con RTS Medios, introdujo sobre el tema de Promoción alimentaria y regulación de seguridad alimentaria.

 

—¿Cómo impacta la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable (Ley PAS)? ¿Qué aporta a las políticas públicas alimentarias?

 

—En un contexto de crisis económica que afecta más severamente a las clases más bajas, las medidas de la Ley PAS tienen un efecto aún más valioso, porque precisamente uno de sus puntos fuertes, a mi modo de ver, es que lograba imponer algunas obligaciones (que hacen al cumplimiento del derecho humano a la alimentación) a las empresas del sector alimentario. 

 

Tradicionalmente, todas las responsabilidades vinculadas al acceso a la alimentación se cargan sobre el Estado, que las asume mediante prestaciones alimentarias, ya sean transferencias dinerarias para adquirir alimentos, entrega directa de alimentos, o sostenimiento de comedores comunitarios. Los problemas de acceso se mitigan mediante estas acciones que son sostenidas por el Estado nacional y los Estados provinciales, y están todas dirigidas a las poblaciones más vulnerabilizadas. Sin embargo, son solo medidas paliativas, coyunturales y focalizadas en un tipo de población. Para combatir la malnutrición hacen falta reformas mucho más ambiciosas, que involucren y repartan la responsabilidad entre todos los sectores de la cadena agroalimentaria, y que sean en beneficio de toda la población consumidora.

 

La ley PAS fue un paso en ese sentido, al plantear valiosas medidas como el etiquetado frontal nutricional, obligación impuesta al sector de la industria alimentaria que es, en definitiva, uno de los que más se enriquece en contexto de crisis. Pero, además, trae otras medidas vinculadas a la prohibición de ciertos casos de publicidad de productos alimenticios con etiquetas, que protege especialmente infancias (infancias de todos los sectores económicos) y no representa a la vez un costo adicional a la industria, sino simplemente una restricción o limitación en pos de la salud pública. 

 

También las medidas de educación nutricional, que vienen a ser una apuesta preventiva, esto es significativo porque las medidas paliativas que concentran la atención y presupuesto público de las políticas alimentarias actuales son mitigadoras de situaciones de emergencia, más concentradas en “saciar el hambre” que en fomentar alimentación saludable. 

 

Por último, las medidas de las que menos se habla (y las que lograron menor incidencia, pero son seguramente las de mayor potencial): por un lado, entre las normas complementarias figura la prioridad en las compras públicas de contrataciones de los alimentos y bebidas analcohólicas que no cuenten con sellos de advertencia. Por el otro, entre las facultades de la autoridad de aplicación, figura la de “Implementar acciones en coordinación con las áreas competentes para la promoción del consumo de alimentos no procesados, naturales y saludables, producidos por nuestras economías regionales y agriculturas familiares”.