Prestadores de discapacidad cuestionan la actualización de aranceles

La medida establece una suba del 2,10%, pero desde las organizaciones sostienen que no alcanza para compensar el atraso acumulado. También reclaman por demoras en los pagos de prestaciones realizadas durante los últimos meses.

Los prestadores de servicios para personas con discapacidad cuestionaron la actualización del 2,10% en los aranceles anunciada por el Gobierno nacional y señalaron que el incremento resulta insuficiente frente al atraso acumulado en el sector. Además, denunciaron demoras en los pagos correspondientes a prestaciones ya realizadas.

 

Mariela Peña, abogada de la Asociación Civil Incluime de Santa Fe, sostuvo que el porcentaje no puede considerarse una recomposición. “Ni siquiera estamos en condiciones de hablar de la palabra aumento ni de recomposición”, afirmó en diálogo con RTS Medios.

 

Según explicó, entre 2023 y 2025 no hubo actualización de los aranceles del nomenclador, mientras que las modificaciones posteriores se produjeron luego de la sanción de la Ley de Emergencia en Discapacidad y de una resolución judicial que ordenó al Estado nacional cumplir con esa normativa. Peña señaló que el sector acumula alrededor de 24 meses de atraso y que el incremento anunciado no permite recuperar esa pérdida.

 

A esta situación se suma la demora en los pagos. La representante de Incluime indicó que los prestadores aún no cobraron servicios brindados durante mayo y junio y cuestionó que las demoras lleguen a los 90 días. También señaló que continúa pendiente una compensación de emergencia cuyos trámites fueron iniciados en marzo y que, según sostuvo, todavía no fue abonada.

 

Peña advirtió que las dificultades económicas impactan directamente en la atención. “Son prestaciones que se caen, son prestadores que deben bajar la calidad prestacional para poder subsistir”, afirmó. En ese sentido, reclamó que el Estado garantice los recursos necesarios para sostener el sistema y señaló que la caída de los aportes al fondo de redistribución no debería trasladarse a las personas con discapacidad ni a quienes brindan las prestaciones.

 

 
 
 
 
 
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Fuente: RTS Medios