Paola Ortiz está presa, hace 13 años, por un parto en avalancha

Paola Verónica Ortiz es una mujer cordobesa que atravesó violencia de género, institucional y judicial. Hace 13 años que está presa por una emergencia obstétrica, una condena que, según sus abogadas y las organizaciones feministas que la acompañan, está basada en estereotipos de género. “Cada día que pasa pesa. Paola sigue presa injustamente. Por eso es importante traer su voz, traer esta campaña, pedirles que se sumen. ¡Las emergencias obstétricas no son delitos!”, expresó en diálogo con RTS Medios Marina Gudiño, abogada de Córdoba que forma parte de la Guardia Feminista de Catolicas por el Derecho a Decidir (CDD).

En 2012, la joven de 29 años tuvo un parto en avalancha, una situación extrema que se da repentinamente y en poco tiempo, con fuertes contracciones y sin acompañamiento médico, de gran riesgo para la salud de las personas que lo atraviesan. A raíz de este hecho, fue privada de su libertad y condenada a cadena perpetua por homicidio agravado por el vínculo.

Cuando ocurrieron los hechos, Paola vivía en un contexto de extrema vulnerabilidad, al igual que muchas mujeres que le toca atravesar procesos parecidos. En ese momento vivía en un cuarto que le prestaba su ex suegro a cambio de favores sexuales, por este motivo muchas veces terminaba durmiendo en la calle, o en la terminal, para huir de esta situación violenta. Tenía tres hijos, no había terminado la secundaria y no tenía un trabajo formal. Estaba viviendo en un contexto de extrema pobreza. El parto fue en esta situación de soledad y poca contención, atravesada por años de violencia física, sexual y económica.

Al momento de acercarse a la policía a hacer otra denuncia, que su hijo más chico había sido llevado por el padre, ella termina contando lo que le había sucedido e inmediatamente la meten presa. Además, sostienen que Paola siguió sufriendo violencia durante su encierro. “Tuvo dos hijos más mientras estuvo privada de su libertad, dónde sufrió violencia obstétrica, y de esta forma es que la conocimos”, contó Gudiño.

En el 2024 el caso llegó a la Guardia Feminista de CDD, un espacio federal presente en 12 provincias que acompaña jurídicamente casos de vulneración de derechos sexuales y reproductivos. Desde ese momento las abogadas que acompañan a Paola son Julia Luna y Rocío García Garro.

“Paola llevaba presa 10 años cuando la conocimos. Llegamos a ella a través de otra causa, un habeas corpus que se presentó por la violencia obstétrica que sufrían las mujeres privadas de la libertad en la cárcel de Bouwer en Córdoba. En ese proceso participamos desde Católicas por el Derecho a Decidir como amicus curiae, una herramienta jurídica que permite participar de procesos cuyo interés excede a las partes, a los fines de aportar argumentos”, explicó para RTS Marina Gudiño, y agregó que “en 2022 salió la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que reconoce esta violencia y determina medidas al respecto. En esta causa fue que conocimos el caso de Paola, advirtiendo las graves irregularidades y violaciones de derechos en su proceso. Desde entonces Rocio Garcia Garro y Julia Luna comenzaron a acompañarla. Se constituyeron como codefensoras y en abril de 2024 presentaron el recurso de revisión de su sentencia. Antes de ese momento nadie conocía el caso de Paola. Llevaba 10 años presa, nunca nadie la había ido a visitar”.

Una condena, sin pruebas claras

Hace más de un año y medio que se presentó en el TSJ un Recurso de Revisión acompañado de un informe médico forense que acredita el desarrollo biológico de un parto en avalancha, para que la condena se revise con perspectiva de género, pero aún no obtuvieron respuestas. “Nunca se pudo probar el nacimiento con vida, eso consta en el expediente. Pero además, como sucede con las mujeres vulneradas por el sistema, con las mujeres pobres, Paola tuvo una defensa oficial que fue negligente, que no creyó en su relato, que no interpuso el último recurso disponible y su condena quedó firme”, agregó la abogada feminista Marina Gudiño.

A diferencia de otros casos, Paola decidió usar su nombre real. Marina explica que esto es “porque cuando ella empieza el proceso penal, que la termina condenando en la ciudad de Villa María, su nombre es usado por los medios de comunicación de una manera macabra y morbosa. Entonces ella decidió que se use su nombre real porque quiere reivindicar su historia y hacer que se escuche su voz, quiere que sus hijos sepan la verdad”. Además, la abogada agregó, que la decisión también se da a partir de la imposibilidad de defenderse cuando se dio ese proceso para que no se revelara su identidad, es por eso que ahora elige reivindicarlo.

La “Campaña por Libertad a Paola” remarca que fue una condena que tuvo falta de pruebas, que estuvo basada en prejuicios y que hubo negligencia en su defensa.

La lucha sigue

La película de Belén, dirigida por Dolores Fonzi,recordó un caso emblemático de Tucumán y devolvió a la memoria colectiva la certeza de que las luchas feministas tuvieron y tienen la fuerza de visibilizar la violencia hacia los cuerpos de las personas gestante, y generar cambios como la absolucion de Belén y el triunfo colectivo del derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito en el 2020.

Este caso muestra cómo muchas personas gestantes en situaciones precarias son violentadas por el sistema judicial, médico y policial. Y así como Belén, hoy en día hay muchos casos más en nuestro país.