El debate por la reforma de la Carta Magna de Santa Fe volvió a mostrar las tensiones entre una concepción amplia de la salud y los intentos de algunos sectores por reinstalar el eje en la oposición a los derechos sexuales y reproductivos.
Victoria Rodríguez
RTS Medios
La semana pasada se elaboraron todos los dictámenes que la Comisión Redactora de la nueva Constitución santafesina tendrá en cuenta para el texto final de la Carta Magna santafesina. En la comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías se abordó el artículo 19 que hablaba de la salud. El debate sobre ese punto fue el punto de apoyo que tomaron los partidos conservadores para plantear su agenda contra los derechos sexuales y reproductivos conquistados en los últimos años a nivel nacional.
El texto vigente (Constitución 1962) dice: “La Provincia tutela la salud como derecho fundamental del individuo e interés de la colectividad (…). Nadie puede ser obligado a un tratamiento sanitario determinado, salvo por disposición de la ley, que en ningún caso puede exceder los límites impuestos por el respeto a la persona humana”.
Y el dictamen de mayoría que se presentó la semana pasada, impulsado por Unidos y acompañado por Más para Santa Fe y Activemos, establece: “Toda persona tiene derecho al cuidado integral de su salud en todos los ciclos de la vida, incluyendo los aspectos físico, mental, emocional, ambiental y social (…). Toda persona tiene derecho a decidir sobre su propia salud, siempre que ello no afecte a la salud colectiva”.
La diferencia es sustancial. Mientras el texto actual se concentra en la tutela estatal de la salud y la libertad frente a tratamientos médicos obligatorios, el dictamen introduce un enfoque integral –que contempla la dimensión mental, ambiental, social y emocional– y reconoce explícitamente la autonomía individual para decidir sobre la propia salud.
Forzar el debate sobre el aborto
La Libertad Avanza y Somos Vida y Libertad no acompañaron el dictamen de Unidos –que sí contó con el apoyo del Frente de la Esperanza, Activemos y Más para Santa Fe–, presentaron dictámenes de minoría y sus intervenciones apuntaron a llevar el debate a la interrupción voluntaria del embarazo.
El convencional Juan Argañaraz (Somos Vida y Libertad) planteó que no acompañó el dictamen y aprovechó el recinto para preguntar: “¿Dónde está la decisión del niño por nacer?”. En la misma línea, Elisabet Vidal (La Libertad Avanza) defendió que “el derecho a la salud debe contemplar desde la concepción hasta la muerte natural”.
Además, en su dictamen, incorporó la posibilidad de la objeción de conciencia no sólo de los profesionales de la salud –algo que hoy existe– sino también de las instituciones privadas que brindan servicios de salud. Esto es parte de la agenda de los sectores conservadores desde hace años porque implicaría blindar a distintas empresas para que ningún profesional pueda garantizar el acceso a procedimientos que están avalados por la ley. Sin embargo, eso implicaría reconocer que las empresas tienen conciencia y, en muchas localidades pequeñas, evitar el acceso al tratamiento.
La salud, más que la ausencia de la enfermedad
Quienes acompañaron el dictamen de Unidos, destacaron la incorporación de una perspectiva más amplia respecto a la salud. Victoria Capoccetti (Activemos) valoró que la norma refleje lo expresado en audiencias públicas, donde profesionales de la salud reivindicaron la salud como “un derecho fundamental del individuo de interés colectivo”.
Por su parte, Gino Svegliati (Unidos) remarcó la importancia de pensar la salud de forma integral, con un fuerte énfasis en la salud mental como un tema urgente. “En la provincia y en el país, la segunda causa de muerte violenta en jóvenes tiene que ver con cuestiones vinculadas a salud mental”, dijo para ejemplificar su punto.
El artículo 19 del dictamen avanza en una visión más moderna: reconoce la gratuidad y universalidad del sistema público, considera al medicamento como un bien social, promueve la alimentación saludable y la actividad física, y garantiza la formación en salud respetando la dignidad de las personas.
Sin embargo, la insistencia de algunos sectores en reinstalar la defensa “desde la concepción” revela una estrategia para restringir derechos ya conquistados por mujeres y disidencias. La disputa no es solo jurídica: se trata de definir si la Constitución provincial garantizará una salud integral y con perspectiva de derechos humanos, o si se retrocederá en los avances logrados por la lucha feminista en Argentina.
El dictamen completo
ARTÍCULO 19. Toda persona tiene derecho al cuidado integral de su salud en todos los ciclos de la vida, incluyendo los aspectos físico, mental, emocional, ambiental y social. La Provincia tutela la salud como derecho fundamental del individuo e interés de la colectividad.
La Provincia adopta acciones de prevención, atención, recuperación y rehabilitación de la salud en todos los niveles, con base en la atención primaria y con criterios de universalidad, gratuidad, adecuación, equidad, interdisciplinariedad y oportunidad. Toda persona tiene derecho a decidir sobre su propia salud, siempre que ello no afecte a la salud colectiva.
Regula, articula y fiscaliza todas las acciones y prestaciones de salud en su territorio y concreta la política de salud en coordinación con los otros niveles gubernamentales y otras entidades públicas o privadas.
La Provincia sostiene un sistema de atención público, gratuito y de calidad. El medicamento es considerado un bien social, reconociendo la Provincia el interés en su producción pública.
La Provincia promueve la educación, formación y capacitación en salud y reconoce la función social de sus trabajadores. Estimula la investigación biomédica sobre los principales problemas de salud, respetando la dignidad de las personas.
La Provincia impulsa la actividad física, sea recreativa o deportiva, junto con la alimentación saludable como herramientas esenciales para la prevención de enfermedades, la promoción de la salud, la inclusión e integración social y el desarrollo de la persona.
Fuente: RTS Medios