Así lo expresó Solange Bobbett, jefa de la Oficina Municipal del Consumidor (OMC) de Rosario, durante la audiencia pública celebrada el jueves en el Concejo Municipal de Rosario
La jefa de la Oficina Municipal del Consumidor de Rosario, Solange Bobbet, participó de la audiencia pública en el marco de la Reforma Constitucional, donde referentes y ciudadanos debatieron sobre la necesidad de avanzar hacia la autonomía plena de los municipios. Desde la Oficina Municipal del Consumidor, expusieron también como integrantes del equipo los abogados Julieta Tabares y Fernando Leva, quienes señalaron los límites actuales de competencia y propusieron una serie de medidas para fortalecer la defensa de los consumidores en el ámbito local.
Durante su intervención, Bobbett destacó que sin autonomía municipal, las oficinas locales se ven imposibilitadas de ejercer plenamente sus funciones. “Hoy no podemos fiscalizar, sancionar ni resolver los conflictos con la agilidad que necesitan los vecinos, porque dependemos de decisiones provinciales”, explicó. Y agregó: “Jerarquizar las oficinas municipales implica dotarlas de herramientas modernas, eficaces y cercanas para defender los derechos de los ciudadanos”.
La abogada Julieta Tabares, integrante del equipo técnico de la OMC, sostuvo que una carta orgánica con autonomía plena sería clave para subsanar las deficiencias actuales en materia de competencia. “Nuestra oficina no tiene capacidad suficiente para inspeccionar, sancionar ni garantizar el cumplimiento de los acuerdos logrados entre las partes”, señaló. En este sentido, propuso avanzar hacia una descentralización territorial que delegue funciones concretas en las oficinas municipales y comunales, como fiscalizar, juzgar y sancionar. “Esto requiere una base normativa, como un código de implementación que hasta hoy no ha sido dictado por la provincia”, indicó.
Tabares subrayó también que contemplar los derechos de los consumidores en una eventual carta orgánica de Rosario sería un paso trascendental para construir una ciudad “más justa, autónoma y participativa”. Según explicó, elevar estos derechos a rango constitucional permitiría que el municipio diseñe políticas públicas propias, con legitimidad para regular servicios y prácticas comerciales. “Poner este tema en la agenda es ocuparse de los problemas concretos y reales de la gente”, concluyó.
Por su parte, el abogado Fernando Leva, también integrante del equipo técnico de la OMC, remarcó el atraso normativo de la provincia en materia de defensa del consumidor y propuso una serie de medidas para revertir la situación. “Debemos declarar la autonomía municipal, incorporar los derechos del consumidor en la carta orgánica, sancionar un código de implementación y dictar una cláusula constitucional que los declare expresamente”, enumeró. También resaltó que, pese a la falta de herramientas, la OMC ha logrado construir una cultura ciudadana en torno a los derechos de los consumidores, gracias al trabajo sostenido de su equipo y al compromiso de la comunidad.
Fuente: Oficina Municipal del Consumidor Rosario