En la Declaración Universal de los Derechos Humanos el derecho a la alimentación es una norma que responsabiliza a los Estados de garantizar su cumplimiento. Esto implica adoptar medidas para erradicar la pobreza y la inseguridad alimentaria. Establece que toda persona tiene derecho a tener acceso físico y económico a alimentos suficientes, sanos, nutritivos y seguros, que satisfagan sus necesidades y sean apropiados a su cultura.
Valeria Elías
RTS Medios
Las necesidades básicas de vida, entre ellas la alimentación, es un tema que no se pone en agenda desde el lado del derecho humano universal, sino del reclamo social cotidiano ante las crisis económicas. Pero visto desde el punto de vista legal tiene mayor fuerza de exigencia ya que nuestra Constitución Nacional lo reconoce.
La Dra. María Eugenia Marichal, docente UNL e investigadora CONICET, en diálogo con RTS Medios, introdujo sobre el tema de derecho alimentario.
—¿Hay un derecho humano a la alimentación? ¿Cómo se garantiza?
— Sí, en Argentina existe un Derecho Humano a la Alimentación (DHA) plenamente reconocido y con jerarquía constitucional. La asunción de este derecho como una obligación estatal fundamental en el ordenamiento jurídico argentino es resultado de la incorporación de tratados internacionales de derechos humanos, y su garantía se realiza, en la práctica, a través de políticas sociales, aunque la implementación predominante se ha enfocado en la asistencia de emergencia.
Entre las fuentes normativas principales que reconocen este derecho pueden mencionarse el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PDESC) (Artículo 11), la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) (Artículo 25), entre otros tratados ratificados que también forman parte del bloque constitucional argentino y también lo abordan, como el Protocolo Facultativo de San Salvador (que habilita procedimientos jurisdiccionales interamericanos por violación del DHA), la Convención sobre los Derechos del Niño, y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Como dijimos, el DHA no se limita a calorías mínimas, sino que abarca un enfoque integral y complejo. Implica el derecho a tener acceso a una alimentación adecuada o a los medios para obtenerla. El Estado argentino, como principal garante de los derechos humanos, tiene la obligación vinculante de garantizar este derecho. Según la Observación General N° 12 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (DESC), las obligaciones del Estado se dividen en tres áreas. Primero, la Obligación de Respetar, que implica que el Estado debe abstenerse de tomar cualquier medida (política, económica, legislativa o judicial) que menoscabe el pleno goce del derecho a la alimentación. Segundo, la Obligación de Proteger, que implica que el Estado debe adoptar medidas para evitar que terceros (como empresas o particulares) priven a las personas del acceso a una alimentación adecuada. Y tercero, la Obligación de Realizar (o Garantizar) que significa el deber primordial del Estado consiste en generar las condiciones para que cada persona pueda alimentarse a sí misma y a su familia (autosatisfacción) y, solo en caso de necesidad (personal, crisis económica, catástrofe social o natural), el Estado está obligado a asistir directamente con alimentos o recursos.
—¿Existe una forma de implementarlo?
— En relación a los mecanismos de implementación, a nivel normativo, el DHA se incorpora explícitamente en leyes y programas infralegales. Sin embargo, la implementación presenta desafíos debido a la fragmentación regulatoria y el enfoque en la emergencia.
La garantía del acceso a los alimentos se aborda históricamente en Argentina a través de políticas sociales asistenciales, que suelen estar regidas por la noción de emergencia alimentaria, un estado que se ha prolongado ininterrumpidamente por casi dos décadas.
Iniciativas como el Plan Argentina Contra el Hambre (PACH), creado en el marco de la extensión de la emergencia alimentaria, buscan garantizar la seguridad y soberanía alimentaria. Sin embargo, su implementación se concentra en prestaciones como la Tarjeta Alimentar (TA) y el sostenimiento de comedores y merenderos. Esta concentración de la política en programas de emergencia significa una limitación del DHA a su aspecto más básico: el derecho a no morir de hambre. Este enfoque, aunque usa la retórica de derechos, opera con una lógica asistencialista y focalizadora, dirigida prioritariamente a los sectores más vulnerables. A pesar de que la alimentación adecuada exige calidad y variedad nutricional, los programas dominantes a menudo se centran en la cantidad (calorías) y proporcionan alimentos secos, empaquetados y enlatados, que tienen poco de nutritivo o saludable, tensionando con las propias Guías Alimentarias para la Población Argentina (GAPA) emitidas por el Estado.
Si bien el reconocimiento como derecho humano (y su jerarquía constitucional) otorga vías de exigibilidad ante los tribunales, lo que es útil en casos de violaciones individuales del derecho, la realización plena del derecho exige abordar la complejidad de la cuestión alimentaria como un problema sistémico que incluye la producción, elaboración, distribución y consumo”.
—¿Por qué es importante la seguridad alimentaria en un país? ¿Cómo se regula?
— La seguridad alimentaria es fundamental para un país debido a su vinculación directa con el derecho humano a la alimentación y la protección de la salud de la población, y su regulación se caracteriza por estar fragmentada en diferentes sectores que responden a diferentes lógicas y autoridades.
La seguridad alimentaria es una condición previa para el ejercicio del derecho a la alimentación, y se garantiza cuando todas las personas, en todo momento, tienen acceso económico, social y físico a alimentos suficientes, seguros y nutritivos para llevar una vida activa y sana. El derecho a la alimentación debe interpretarse más allá de un mínimo de calorías, refiere a una alimentación adecuada en relación con los nutrientes requeridos para esa vida sana y activa.
Fuente: RTS Noticias