La alimentación es un derecho garantizado por la Constitución. Que sea sana está dentro de las leyes que vienen con la regulación del Estado. La ley de etiquetado fue un principio de promover una alimentación sana y segura.
Valeria Elías
RTS Medios
El Día Mundial de la Alimentación se celebra cada 16 de octubre para crear conciencia sobre el problema del hambre y la desnutrición a nivel global. Conmemora la fundación de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en 1945, y tiene como objetivo promover la solidaridad, la acción para garantizar la seguridad alimentaria y el derecho de todas las personas a una alimentación adecuada.
Muchas familias no pueden permitirse tener una alimentación sana, y eso repercute directamente en su salud. El problema no está tanto en el suministro, ya que se estima que hoy en día hay alimentos para todos, sino más bien en la disponibilidad y el acceso.
Pero ¿Cómo saber si algo es sano o no? ¿Quienes garantizan esa información? La Dra. María Eugenia Marichal, docente UNL e investigadora CONICET, en diálogo con RTS Medios, introdujo sobre el tema de regulación sobre seguridad alimentaria.
—¿Cuál es el rol de las provincias? ¿Qué modificaciones se están planteando en este sentido a nivel nacional y subnacional?
— La Ley de Promoción de la Alimentación Saludable (LPAS) es de orden público y de cumplimiento obligatorio en todo el país desde su entrada en vigencia en 2021. No obstante, las provincias tienen un rol para apoyar y fortalecer su implementación de la ley PAS.
Varias provincias optaron por dictar leyes de adhesión a la LPAS nacional. Según el monitor del nivel de implementación de la ley que crearon dos organizaciones de la sociedad civil, FUNDEPS y SANAR, hasta julio de 2025 eran 9 provincias. En la mayoría de los casos indican la autoridad encargada de la aplicación en la provincia y ordenan la realización de campañas para que la población tome conocimiento de los contenidos de la ley nacional. De este modo, la adhesión se torna un acto de acompañamiento, con efectos más bien declarativos. Reitero, dado que la LPAS es de orden público y de cumplimiento obligatorio, las leyes de adhesión vienen a cumplir un rol simbólico que aporta en términos de divulgación de los contenidos de la normativa nacional en cada provincia.
A excepción de Rio Negro, que incluye la creación de un registro de infractores, y de Mendoza, que establece una serie de definiciones y directrices políticas, además de prever la afectación de un presupuesto progresivo, las leyes provinciales de adhesión no desarrollan los ejes vinculados a competencias concurrentes o exclusivas de las provincias. Es decir, las leyes provinciales de adhesión han optado por no abordar mediante esta técnica las temáticas que sí tendría sentido reglamentar a nivel provincial, que son las vinculadas a los entornos saludables en los establecimientos educativos, las compras públicas en la administración provincial, y detalle o agregado de mecanismos de implementación y aplicación, como pueden ser sistemas de denuncias por incumplimiento y control de infracciones.
Dado que los institutos bromatológicos o agencias de seguridad alimentaria provinciales tienen una mayor proximidad territorial que la ANMAT o el INAL, y competencia de control de sus jurisdicciones, serían aliados valiosos en la detección de incumplimientos en relación al rotulado y la publicidad, lo cual reforzaría la vigencia y eficacia de la ley.
— Experiencia internacional: ¿Hay implementaciones de este tipo en otros países que hayan sido satisfactorias?
—Si, varios países de la región han implementado medidas de promoción de alimentación saludable (AS) vinculadas al rotulado frontal, pero son de aplicación relativamente reciente, por lo que es difícil tener un diagnóstico profundo de los resultados en términos de mejoras de la salud pública, ya que los efectos de este tipo de medidas no son inmediatos o de corto plazo.
Pensemos, por ejemplo, en los efectos de la educación alimentaria, que son una apuesta por los cambios de hábitos alimentarios en las infancias, que son tal vez los más importantes en términos de cambios culturales, pero a la vez son los más difíciles de medir.
Y aquí hay un problema que no es privativo de la cuestión alimentaria, sino que es compartida por todas las políticas públicas sociales: hay grandes deficiencias en la etapa de evaluación. Diagnosticar el funcionamiento de una política pública implica voluntad política de autocrítica, y a su vez es indispensable, pero es costosa. Esto se acentúa en un contexto como el actual, en que prima una lógica de recorte del gasto público, de franca retirada del Estado de los sectores de protección social y la reducción de su presencia a una mínima expresión de árbitro de las grandes reglas del mercado. Las medidas de evaluación pueden verse como innecesarias, redundantes.
Esto es preocupante porque los datos para demostrar la eficacia de las medidas no pueden limitarse a los que aporten las ONG (que sabemos, siempre tienen recursos escasos) o los diagnóstico que se realizan desde el propio mercado, porque naturalmente estarán marcados por sus propios intereses comerciales, y no tanto por la protección de la salud pública.
Fuente: RTS Noticias