La historiadora Gabriela Águila señaló, en diálogo con RTS Noticias, diferencias entre anuncio y ejecución, aunque dijo que sería un paso importante poder acceder a esos materiales.
El reciente anuncio del Gobierno Nacional sobre la desclasificación de archivos de la dictadura generó diversas reacciones y planteó interrogantes sobre su efectiva implementación. La historiadora Gabriela Águila advirtió que «una cosa es tomar una decisión o publicarlo o anunciar la desclasificación de archivos y otra cosa muy distinta es implementarlo, ponerlo en marcha y efectivamente abrir los archivos».
Águila explicó que, a diferencia de otros países como Estados Unidos, Argentina no cuenta con una legislación específica sobre desclasificación de archivos. Esta situación genera incertidumbre sobre los criterios que se utilizarán para determinar qué documentos se harán públicos y cuáles permanecerán clasificados.
La historiadora señaló que «en el caso de la Argentina no existe legislación específica sobre la desclasificación de archivos como sucede, por ejemplo, en el caso norteamericano». Además, destacó la inexistencia de un Sistema Nacional de Archivos, lo que implica que cada jurisdicción y archivo individual tiene sus propios criterios de acceso.
Águila recordó que en 2010 se llevó a cabo una desclasificación de archivos de las Fuerzas Armadas durante el gobierno de Cristina Kirchner. Sin embargo, subrayó que este proceso requirió de un equipo de especialistas que incluyó archivistas y personas vinculadas al ámbito judicial para garantizar un manejo adecuado de la documentación.
«No hay procesos de desclasificación habituales», concluyó Águila, enfatizando la necesidad de un debate profundo y una planificación cuidadosa para asegurar la transparencia y el acceso a la información sobre el período de la dictadura.
Fuente: RTS Medios