La norma modifica los montos a partir de los cuales una infracción tributaria pasa del ámbito administrativo al penal. El contribuyente será considerado cumplidor salvo que existan pruebas concretas de evasión.
El Congreso convirtió en ley el principio de inocencia fiscal, una iniciativa que redefine el esquema de control tributario en la Argentina y eleva de manera significativa los umbrales a partir de los cuales el Estado puede avanzar con una investigación penal. La norma establece que el contribuyente será presumido cumplidor y que el fisco solo podrá iniciar sanciones o acciones judiciales cuando existan elementos probatorios concretos de evasión.
Uno de los ejes centrales de la ley es la actualización de los montos que determinan cuándo una infracción deja de ser administrativa para convertirse en un delito penal. A partir de ahora, las inconsistencias o irregularidades detectadas por los organismos de control quedarán en el plano administrativo hasta superar los nuevos topes establecidos por la legislación.
En el caso de la evasión simple, que contempla penas de prisión de dos a seis años según el Código Penal, el umbral se eleva de poco más de un millón de pesos a 100 millones de pesos. Recién a partir de ese monto el hecho podrá ser perseguido penalmente, mientras que por debajo quedará sujeto a sanciones administrativas.
La ley también introduce cambios sustanciales en la evasión agravada, cuya escala penal va de tres años y seis meses a nueve años de prisión. El monto requerido para que se configure esta figura pasa de 15 millones a 1.000 millones, lo que implica que solo una evasión superior a esa cifra habilitará una investigación bajo esta calificación.
Además, cuando en la maniobra intervengan personas humanas, jurídicas o entidades interpuestas, el nuevo piso para avanzar en la persecución penal se fija en 200 millones, muy por encima del umbral vigente hasta ahora. Con estos cambios, el nuevo marco legal busca reducir la judicialización automática de infracciones tributarias y concentrar las acciones penales en casos de mayor envergadura económica.
Fuente: RTS Medios