Mumalá advierte sobre la falta de seguimiento estatal en casos de riesgo y por el aumento de intentos de femicidio. “Las condiciones para las mujeres han empeorado”, afirmó Gabriela Sosa, directora de la ONG.
En el marco del Día de Lucha contra la Violencia de Género, la directora ejecutiva de la Mesa Federal MuMaLa, Gabriela Sosa, analizó la situación actual y aseguró que el país registra 229 femicidios y 900 intentos en lo que va del 2025. La referente planteó que las dificultades económicas, la falta de acompañamiento institucional y el incumplimiento de medidas de protección profundizan los riesgos para las mujeres y disidencias.
Sosa señaló que el deterioro en las condiciones de vida impacta directamente en la posibilidad de salir de situaciones de violencia. “Las condiciones para las mujeres se han empeorado”, sostuvo, al remarcar la dependencia económica y la convivencia forzada con agresores por falta de seguimiento judicial. También cuestionó la ausencia de monitoreo sobre las decisiones del Poder Judicial en casos de alto riesgo.
Según los datos de MuMaLa, 157 niñas, niños y adolescentes perdieron a sus madres este año y una de cada tres víctimas convivía con su agresor antes del femicidio. La organización advirtió además que, previo al hecho extremo, la mayoría había atravesado otras violencias sin recibir acompañamiento adecuado por parte del Estado.
En relación con las políticas públicas, Sosa destacó que los recortes nacionales y la reducción de áreas locales destinadas a la asistencia dificultan las denuncias y la continuidad de los procesos de protección. “No encontramos recursos que nos acompañen de manera efectiva”, expresó al describir el impacto del ajuste en los distintos niveles de gobierno.
El panorama se presenta en el contexto del 38° Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias, donde organizaciones de todo el país reforzaron el reclamo por la restitución de programas de prevención, asistencia integral y formación en perspectiva de género. MuMaLa insistió en la necesidad de coordinar acciones entre los tres poderes del Estado para monitorear medidas y garantizar el acompañamiento posterior a cada denuncia.
Fuente: RTS Medios