El decreto 681 establece que el Congreso debe definir el financiamiento para su implementación. «La emergencia es hoy», advirtió Laura Milesi, directora del Centro de Día de la Asociación Civil Kairós Ocupacional.
El Gobierno nacional promulgó la ley de emergencia en discapacidad, pero a través del decreto 681 suspendió su ejecución hasta que el Congreso determine el origen de los fondos necesarios para financiarla.
Desde el sector advierten que la medida retrasa respuestas urgentes.
Laura Milesi, referente de la organización Kairos e integrante de Buendife, expresó su preocupación ante la falta de certezas: «Nos desayunamos esta mañana con el decreto 681 que promulga la ley, pero suspende su ejecución». Según explicó, la norma contempla un aumento de aranceles a partir de octubre, aunque «no especifica el porcentaje» ni contempla otros puntos centrales como el acceso a pensiones.
En diálogo con RTS Noticias, Milesi remarcó que la ley responde a una necesidad urgente: “La emergencia es hoy, las personas hoy necesitan una pensión digna, acceder a los servicios de apoyo, a sus medicamentos, al transporte”. También criticó el enfoque del Ejecutivo: “No me gusta hablar de capital humano, me gusta hablar de derechos”.
En paralelo, denunció irregularidades en la gestión de pensiones: suspensiones por supuesta falta de presentación en auditorías, a pesar de que muchas personas no recibieron las citaciones. “Hay muchas personas que no han llegado al turno y tienen la pensión suspendida”, explicó.
Desde Buendife insisten en que la postergación de la ley implica mayor incertidumbre para hogares, instituciones y familias que dependen diariamente de servicios básicos de asistencia. El sector permanece en alerta ante la falta de definiciones presupuestarias y la creciente vulnerabilidad de las personas con discapacidad.
Fuente: RTS Medios