El decreto 30/2025 habilitaba a embarcaciones extranjeras a operar entre puertos argentinos. Uno de los puntos más cuestionados por los gremios fue la restricción al derecho a huelga.
La Cámara de Diputados dio media sanción a la derogación del decreto 30/2025, que permitía que buques y tripulaciones extranjeras operaran entre puertos locales mediante permisos renovables cada 180 días. La norma, impulsada por el Poder Ejecutivo, también declaraba a la marina mercante como “esencial”, limitando así el derecho a huelga.
Con 118 votos a favor de la eliminación y 77 en contra, la decisión generó reacciones dispares. Mientras que los gremios vinculados al sector marítimo celebraron el rechazo del decreto, desde el sector privado señalaron su preocupación. “El rechazo genera cierta preocupación por una suba de costos y desincentivo a las inversiones”, expresaron desde la Cámara de Puertos Privados, con fuerte presencia en el Gran Rosario.
Uno de los puntos más cuestionados fue la restricción al derecho a huelga. “Hay trabajadores que tienen que poder tener derecho a protestar”, señalaron en el informe, en línea con el reclamo de los sindicatos.
El decreto había sido impulsado como respuesta a la falta de una marina mercante nacional activa. Según operadores privados, la normativa habilitaba la conectividad fluvial y descomprimía el transporte terrestre, favoreciendo la inversión en infraestructura, como el nuevo puerto barcacero inaugurado en Santa Elena por la empresa LDC.
Pese al revés legislativo, aún resta la definición en el Senado. Desde el sector privado advierten que la decisión “sienta un precedente negativo” y piden una nueva normativa que equilibre el incentivo a las inversiones con los derechos laborales.
Fuente: RTS Medios