En una audiencia que se llevó a cabo en la mañana de este miércoles en los Tribunales federales, el juez de Garantías Eduardo Rodrígues Da Cruz admitió la aplicación de la “Ley Antimafia” en la ciudad de Rosario, sancionada recientemente por el Congreso nacional.
La fiscalía y las fuerzas de seguridad federales quedaron autorizadas a trabajar con facultades ampliadas que le permitirán a los fiscales ordenar allanamientos, intervenciones y detenciones, lo que los acerca a las facultades que ya tienen los fiscales de la provincia de Santa Fe de acuerdo al Código Procesal Penal reformado.
Esas nuevas facultades estarán acotadas a las investigaciones que el Ministerio Público ya tiene en marcha y a un territorio acotado –en este caso el barrio 7 de Septiembre, en el noroeste de Rosario- y a determinadas personas que están bajo investigación. Tampoco alteran la competencia, es decir sólo son aplicables a delitos de jurisdicción nacional.
Durante la audiencia realizada esta mañana en los Tribunales Federales de Rosario, participaron el subsecretario de Intervención Federal, Federico Angelini, y el director nacional de Prevención del Delito, Germán Pugnaloni, en representación del Ministerio. También estuvieron presentes los fiscales Diego Iglesias (PROCUNAR), Matías Scilabra (PROCUNAR NEA), Juan Argibay Molina (PROCELAC) y Javier Arzubi Calvo (Unidad Fiscal Rosario), quienes acompañaron el planteo judicial en nombre del Ministerio Público Fiscal.
Rosario se transforma en el primer territorio del país donde se activa formalmente la Ley Antimafia. Es un paso firme dentro de una estrategia federal que articula inteligencia criminal, despliegue operativo y acción judicial coordinada para enfrentar a las organizaciones criminales que operan sobre el territorio.
La medida se sustenta en la Resolución 572/25 del Ministerio de Seguridad Nacional, firmada por la ministra Patricia Bullrich, que instruyó solicitar formalmente la habilitación judicial para desplegar herramientas especiales de investigación en determinados barrios rosarinos, frente a la reiteración de hechos delictivos graves y la presencia activa de organizaciones criminales con anclaje territorial.
Como parte de la estrategia institucional, la investigación penal se articula además con el Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fe a través de un Equipo Conjunto de Investigación (ECI), que coordina el accionar de fiscales federales y provinciales para potenciar la persecución penal y ordenar las competencias jurisdiccionales conforme la normativa vigente.
Fuente: Noticias Argentinas