La Corte Suprema revocó la condena de 25 años contra Justo José Ilarraz por abusos en el seminario de Paraná, al considerar prescrito el caso. El entonces sacerdote fue separado de la Iglesia por el Papa Francisco.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró prescritos los casos de abuso sexual cometidos en el seminario arquidiocesano de Paraná durante las décadas del 80 y 90, revocando así la condena de 25 años que pesaba sobre Justo José Ilarraz, ex prefecto de conducta y sacerdote condenado en 2018 por abusos contra al menos 25 víctimas. Milton Urrutia, abogado de una de las víctimas, criticó la decisión y advirtió que “no hay justicia en Argentina”.
El caso se inició con denuncias por abusos cometidos por Ilarraz en el seminario y colegio católico de Paraná, donde estaba a cargo de estudiantes de entre 11 y 18 años que quedaban internados y con contacto limitado con sus familias. La investigación y posterior condena incluyeron además la justicia canónica. En 2016 el Papa Francisco expulsó a Ilarraz de la Iglesia.
En diálogo con RTS Noticias, Urrutia explicó que el proceso judicial fue complejo y largo, en parte por el contexto social y cultural de la época en que ocurrieron los hechos. “La investigación, guardada celosamente por la curia, determinó que hubo abusos en el pre seminario desde niños de seis años en adelante”, afirmó. El abogado subrayó la dificultad que tuvieron las víctimas para denunciar y enfrentar la revictimización en tribunales.
Respecto a la reciente decisión de la Corte Suprema, Urrutia expresó su desacuerdo: “Es lamentable porque la Corte no está a la altura de las circunstancias ni del derecho internacional. Aplican la letra fría de la ley sin interpretar los tratados de Derechos Humanos incorporados en la Constitución”.
Revictimización en el sistema
El abogado denunció que esta postura judicial envía un mensaje negativo para las víctimas y para la sociedad en general. “No denunciés, porque tres señores aplican la ley sin considerar el contexto ni la realidad”, lamentó, señalando la falta de sensibilidad en el manejo de casos de violencia institucional y abuso.
Además, Urrutia cuestionó la demora y falta de profundidad en el análisis del caso por parte de la Corte Suprema, en contraste con otros procesos judiciales resueltos en plazos mucho más breves. “La política judicial revictimiza a quienes sufrieron abusos al obligarlos a atravesar procesos largos y traumáticos”, añadió.
Aunque las víctimas todavía pueden recurrir a instancias internacionales, el abogado advirtió que este camino implica un desgaste emocional y económico considerable. Por eso, hizo un llamado a reformar el sistema judicial argentino para lograr una justicia real y accesible.
“El sistema debe cambiar, como en México donde se eligieron nuevos jueces por votación popular”, ejemplificó. Urrutia también señaló que la influencia histórica y actual de la Iglesia en la justicia local sigue siendo un factor que dificulta la protección de los derechos humanos y la persecución efectiva de estos delitos.
Finalmente, destacó que, pese a este fallo, la discusión pública sobre los abusos sexuales en instituciones religiosas sigue vigente y es fundamental para mejorar el acompañamiento a las víctimas y fortalecer la respuesta estatal frente a estos crímenes.
Esta resolución se suma a otros casos de abuso clerical que continúan en apelación y pone en evidencia las tensiones entre la aplicación estricta de la ley y las demandas sociales y de derechos humanos en Argentina.
Fuente: RTS Medios