Los diputados provinciales Carlos del Frade, Claudia Balagué y Fabián Palo Oliver presentaron en la Cámara de Diputados de Santa Fe un proyecto donde proponen un piso del 1,5% de los votos válidos emitidos, elecciones generales a fines de junio, debates obligatorios y nuevos organismos de control
La propuesta denominada “Fortalecimiento Democrático del Sistema Electoral busca adecuar la legislación electoral al nuevo marco constitucional santafesino y contiene modificaciones sobre las PASO, los pisos electorales, la organización de los organismos electorales, el financiamiento de las campañas, la publicidad electoral y la transparencia del sistema.
Uno de los cambios más relevantes es la modificación del régimen de las elecciones primarias. El proyecto establece que las agrupaciones políticas podrán acceder a las elecciones generales si obtienen al menos el 1,5% de los votos válidos afirmativos emitidos en la categoría correspondiente durante las PASO.
Los autores sostienen que este criterio reemplaza el actual esquema basado en porcentajes calculados sobre el padrón electoral y lo consideran más favorable para la representación de las fuerzas minoritarias. En los fundamentos señalan que actualmente Santa Fe posee una barrera equivalente al 3% del padrón y cuestionan la posibilidad de elevar ese umbral.
Asimismo, proponen la derogación del Decreto Ley 9.280/1983 y expresan que las barreras electorales terminan distorsionando la representación proporcional. Incluso incorporan un artículo que prohíbe la implementación de mecanismos que restrinjan la representatividad para la asignación de bancas legislativas.
PASO y conformación de listas
La iniciativa mantiene las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). Además, establece que cuando una fuerza política presente más de una lista para cargos legislativos o cuerpos colegiados, la integración de la nómina definitiva deberá realizarse mediante el sistema proporcional D’Hondt, respetando también las reglas de paridad de género.
Otro de los cambios centrales es la fijación de una fecha permanente para los comicios provinciales. El proyecto dispone que las elecciones generales se realicen el último domingo de junio del año electoral, mientras que las PASO deberán celebrarse con una anticipación mínima de 90 días respecto de la elección general.
Según los fundamentos, el objetivo es otorgar previsibilidad al calendario electoral y evitar que la fecha de las elecciones quede sujeta a decisiones políticas coyunturales del gobierno de turno. Por otra parte, la iniciativa también incorpora la obligatoriedad de un debate público entre quienes compitan por la Gobernación.
El debate deberá realizarse entre siete y quince días antes de la elección general y será transmitido por los medios oficiales, con disponibilidad gratuita para todos los medios públicos y privados que deseen retransmitirlo. La ausencia injustificada de una candidatura podría derivar en sanciones como la pérdida de espacios de publicidad electoral gratuita y de aportes públicos de campaña.
Más controles sobre el financiamiento político
El proyecto crea un Cuerpo de Auditores del Financiamiento de los Partidos Políticos y Alianzas Electorales, integrado por cuatro especialistas seleccionados mediante concurso público. Tendrá facultades para fiscalizar campañas, controlar ingresos y gastos, inspeccionar sedes partidarias y solicitar información a organismos públicos y entidades financieras.
Entre otras medidas, se prohíben aportes provenientes de empresas, personas jurídicas, entidades estatales, sindicatos y donaciones anónimas fuera de los casos expresamente permitidos. También se establece un límite para los aportes individuales de personas físicas equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles.
La reforma, también, plantea la creación de un Tribunal Electoral permanente, especializado e independiente dentro del Poder Judicial, con facultades para resolver conflictos electorales, proclamar autoridades y juzgar infracciones.
A su vez, establece una Secretaría de Administración Electoral como organismo especializado en la organización y administración de los procesos electorales, con autonomía funcional y autoridades designadas mediante concurso y acuerdo legislativo.
La propuesta incorpora además un Portal de Transparencia Electoral, donde deberán publicarse padrones, lugares de votación, contrataciones vinculadas a los comicios y otros datos relevantes del proceso electoral. También habilita mecanismos de observación electoral por parte de universidades, organizaciones de la sociedad civil y la Defensoría del Pueblo, que podrán realizar veedurías e informes sobre el desarrollo de las elecciones.
Fuente: RTS Medios